Exigimos al Ayuntamiento de Leganés que se comprometa, en el marco de sus competencias y a través de los servicios municipales correspondientes, a facilitar y colaborar activamente en la acreditación y certificación del arraigo de las personas migrantes en el municipio.
La migración no es una anomalía, es un capítulo esencial de nuestra historia compartida. Desde siempre, el ser humano ha buscado moverse hacia horizontes que ofrecen dignidad, seguridad y oportunidades. Hoy, en España, miles de personas que ya son parte vital de nuestra comunidad —nuestros vecinos, compañeros de trabajo, padres y madres de nuestros escolares— viven con la sombra de la irregularidad administrativa. Reconocer esta realidad no es solo una cuestión humanitaria; es el primer paso para construir una sociedad más justa y cohesionada.
En los últimos meses, un clamor social sin precedentes ha resonado en todo el país. Centenares de miles de firmas respaldaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la sociedad civil, demostrando que existe un amplio consenso ciudadano a favor de una regularización extraordinaria. Esta demanda no parte solo de partidos o instituciones, sino de la gente, que ve en esta medida una expresión de justicia y compromiso con los derechos humanos.
Vecinos sin derechos: la paradoja de la irregularidad
Estas personas migrantes sostienen sectores esenciales de nuestra economía, enriquecen nuestros barrios y participan en la vida comunitaria. Sin embargo, la falta de un permiso de residencia y trabajo las condena a una vulnerabilidad extrema: las expone a la explotación laboral, limita su acceso a la sanidad, las aleja de la justicia y las sume en la precariedad. Son parte de nosotros, pero sin los derechos que nos protegen a todos.
La mirada debe dirigirse con especial urgencia a los niños y niñas. Cientos de miles comparten aulas, parques y sueños con nuestros hijos. Muchos, sin embargo, cargan con la incertidumbre y el miedo heredados de la irregularidad familiar. En una democracia avanzada, es inaceptable que un niño vea condicionado su futuro y su bienestar por un trámite administrativo. Regularizar a sus familias es invertir en su estabilidad, su integración y en la igualdad real de oportunidades. Es afirmar, sin ambages, que en España no caben ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.
Un contrapunto necesario en un mundo hostil
Este debate cobra mayor relevancia ante el preocupante auge global de discursos que criminalizan y utilizan a las personas migrantes como chivos expiatorios. Frente a políticas que separan familias y siembran el miedo, como las vistas recientemente en Estados Unidos, España tiene la oportunidad de enviar un mensaje poderoso: el de la inclusión y la defensa de los derechos.
El reciente acuerdo del Gobierno de España y Podemos para impulsar esta regularización responde a una demanda histórica de sindicatos, organizaciones sociales y colectivos migrantes. Es una oportunidad decisiva para corregir una prolongada injusticia.
El papel crucial de los ayuntamientos: de Leganés al resto del país
Los ayuntamientos, como administración más cercana, tienen aquí un rol fundamental. Conocen la realidad local y pueden certificar el arraigo de quienes llevan años construyendo una vida en sus municipios. Mediante informes de empadronamiento, convivencia e inserción social, pueden ser la llave que abra la puerta a la regularización para cientos de familias.
Por ello, es imperativo que el Ayuntamiento de Leganés, y todos los municipios de España, se comprometan de manera activa y pública. Deben movilizar sus servicios para facilitar toda la documentación que acredite los vínculos reales de las personas migrantes con la comunidad. No se trata solo de un trámite burocrático; es una cuestión de dignidad y cohesión social.
La regularización extraordinaria es más que una medida administrativa. Es una apuesta por municipios más justos, por fortalecer el tejido vecinal y por desarmar los discursos de odio que amenazan la convivencia. Es la oportunidad de hacer realidad el principio de que todos quienes viven y trabajan entre nosotros, merecen los mismos derechos y la misma dignidad. El momento es ahora.
