PODEMOS EXIGE A LA COMUNIDAD DE MADRID QUE DOTE DE UNA FINANCIACIÓN ADECUADA A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS.
El borrador de los presupuestos para el 2025 que ha presentado la Comunidad de Madrid está mostrando, de nuevo, la falta de inversión en lo que a servicios públicos se refiere. En esta ocasión, con motivo de la partida que se destinaba a las universidades públicas madrileñas, las rectorías de las 6 universidades dirigieron una carta a Isabel Díaz Ayuso en donde urgían a la presidenta a que aumentase la financiación, así como otra batería de medidas que garantizasen un correcto mantenimiento de las infraestructuras, un modelo de financiación plurianual y que se adaptase a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario en lo referente al personal de las universidades.
La fuerte presión de todos los sectores universitarios consiguió que el Gobierno del Partido Popular finalmente aceptase algunas de las demandas exigidas. Sin embargo, estas medidas vienen con condiciones, no se ajustan a la norma del Gobierno central y no solucionan la problemática situación de las universidades públicas de la región. Aun habiendo accedido a un aumento del 4,2% (unos 47 millones de euros), estas cifras simplemente sirven para dar un poco de oxígeno a unas universidades que se están ahogando. Según la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (Cruma), se estima que la cuantía necesaria para poder afrontar un mantenimiento adecuado de los edificios, así como para cumplir con los gastos de personal y suministros, ronda los 200 millones de euros. De no atenderse estas necesidades económicas, miles de estudiantes verán cómo sus oportunidades educativas y profesionales se ven limitadas por la falta de recursos.
El gobierno de la región lleva 15 años destinando una financiación más que insuficiente para estos centros. En abril de este año, las gerencias de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ya exigían a Isabel Díaz Ayuso más financiación puesto que, según advertían, muchos de sus gastos los estaban sufragando con ingresos extras obtenidos por, precisamente, haber ganado judicialmente procesos contra el consistorio regional. El gobierno del Partido Popular en nuestra región es el que menos invierte en sus universidades públicas y en sus estudiantes, destinando solamente 4.779€ por estudiante, cuando la media nacional está en 6.118€. Así, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno, ignoran el objetivo de dedicar el 1% del PIB a la educación superior, tal y como se recoge en la LOSU y que es de obligado cumplimiento. Sin embargo, es la segunda región donde más cara está la primera matrícula.
La falta de recursos para los servicios públicos que destina el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es más que notoria. A la infrafinanciación de las universidades públicas de nuestra región, se suma también el desprecio con el que se refiere a ellas, así como su intento de acallar cualquier disidencia que surja contra su gestión, tal y como se demuestra con la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias. Este modo de operar obedece a una estrategia en la que se pretende mermar la calidad de los servicios públicos en favor de los privados.
En nuestro municipio tenemos una de las mejores universidades públicas del país, la Universidad Carlos III de Madrid, la cual acoge a más de 24.600 estudiantes. De no producirse un cambio radical en la deriva financiera de la Comunidad de Madrid, la calidad de los estudios que se dan en el campus de nuestro municipio se verá significativamente mermada. No podemos quedarnos impasibles ante lo que nos parece otro ataque más a uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
Por estos motivos, exigimos a la Comunidad de Madrid:
PRIMERO.- Que se invierta adecuadamente, siguiendo las recomendaciones de la Crume, para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas, asegurar la calidad de las instituciones, subsanar la crónica infrafinanciación tras 15 años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras.
SEGUNDO.- Que garantice, sin condiciones, la adaptación a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario en lo referente al personal de las universidades para mantener el servicio público en las mismas condiciones a través de un plan específico que lo autorice y con total garantía de que no acabará recayendo su coste en las Universidades Públicas Madrileñas.
TERCERO.- Que cumpla con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y dedique el 1% del PIB para financiar las Universidades Públicas Madrileñas.
A la vez, instamos a los órganos de gobierno de las distintas universidades a escuchar y contar con la voz del estudiantado tanto en este asunto en particular como en el resto de materias que afecten a los y las estudiantes.
Leganés, 5 de diciembre de 2024
