El actual portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, siempre ha mostrado su dureza en los plenos, saliendo en los medios nacionales tras indicar que uno de los partidos representados en Leganés amparaba a “terroristas, corruptos y traficantes”. Desde la toma del poder en su partido por Plablo Casado, al que apoyó en las primarias, ha extremado sus posiciones, señalando en redes su adhesión a pactos con partidos de extrema derecha, como en el caso de Andalucía. Destaca su furiosa oposición a la consulta del pasado 2 de diciembre entre monarquía o república, liderando las acciones legales de su partido contra la celebración de este tipo de actos en la Comunidad de Madrid. En Leganés se pusieron veinte puntos de votación para que la ciudadanía pudiera elegir libremente un modelo de estado. Este acto reivindicativo y de visibilización también se llevó a cabo simultáneamente en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Rivas, siguiendo a los barrios de Vallecas y Vicálvaro y a la universidad Autónoma. El único municipio en el que se censuró la consulta fue Alcobendas, gobernado por el Partido Popular, escudándose en una interpretación sin fundamento de la normativa reguladora del régimen de consultas populares en los municipios según el artículo 71 de la Ley 7/1985.
Dentro de la campaña para la consulta, el 25 de octubre se emitió en el espacio Dejóvenes el documental censurado en España de la casa real “Juan Carlos, el ocaso de un rey”, producido por un medio tan respetable como Canal + Francia. El acto fue denunciado en redes por el PP con un video de factura casera y Miguel Ángel Recuenco se dedicó a llamar “locos” a los organizadores en el plató de Distrito TV. Demostró no tener el más mínimo conocimiento de la cesión de espacios públicos en el municipio de Leganés. Se prosiguió publicando fotos en la cuenta oficial de Twitter del PP de miembros de la asamblea por la consulta sin su consentimiento, vulnerando sus derechos según la Ley Orgánica al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familia y a la Propia Imagen. Recuenco volvió a llevar sus acusaciones sobre la emisión del documental y la consulta al pleno del ayuntamiento del 8 de noviembre, en el que se debatió la moción de la concejala no adscrita Mercedes C. Obon, perteneciente al colectivo Ganar Leganés, instando a la celebración de un referéndum entre Monarquía o República y a la apertura de un proceso constituyente que reconozca el derecho a decidir de las personas y los pueblos y blinde los derechos sociales. Los intentos de paralizar la consulta llevaron al PP de Leganés remitir el 29 de noviembre una denuncia a la Delegación de Gobierno y un escrito al alcalde del municipio, Santiago Llorente, amparándose en el artículo 1.3 del Título Preliminar de la Constitución, donde se indica la forma política del estado español.
Pese a las denuncias y los intentos de censura del PP en medios de comunicación y redes sociales, que violentaban innecesariamente el ambiente en que se iba a desarrollar la consulta, ésta se desarrollo el día 2 de diciembre sin incidentes violentos reseñables. Pero el PP siguió intentando rentabilizar la supuesta ilegalidad del acto en el pleno extraordinario del lunes 3 de diciembre sobre la inseguridad en el municipio, efectuado a petición de doce concejales de la oposición. En su turno, el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, continuó el esperpento reiterando las amenazas de interponer medidas legales. Mientras se intentaba paralizar sin éxito la consulta en Móstoles, la base jurídica de las amenazas del PP se vio ridiculizada por Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional en una intervención para el medio Público. Explicó que “si es una consulta organizada por un colectivo de carácter privado (en la que no hay destinados fondos públicos ni tampoco hay un censo) se puede preguntar lo que quiera, a quien quiera y como quiera”. Indicó que “pedir que lo eviten no tiene ni pies ni cabeza, es un despropósito jurídicamente hablando”, y que “lo que dice la Ley de base del régimen local es que en el ámbito de sus competencias un alcalde puede convocar un referéndum si tiene mayoría absoluta”, pero en este caso, al ser un evento que no cuenta con el apoyo financiero del consistorio, “no tiene por qué seguirse ese procedimiento”. Puntualizó que “se trata de preguntar por una opinión política” y eso “no es irregular ni ilegal”.
Kike Pinel
Enrique Gómez Pinel.
Una clara demostración de dos cosas: el calado profundamente antidemocrático de esta gente, la primera, la segunda, el miedo que le tienen a qué la gente hable, se encuentre, opine.